Conoce los derechos de los contribuyentes dentro del procedimiento de fiscalización

Primeramente hemos de manifestar que de conformidad con el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de contribuir al gasto público, mismo que menciona lo siguiente: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

V. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

De lo anterior, podemos discernir al contribuir al gasto público deberá de ser bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. Ahora bien, la autoridad tendrá la facultad de comprobar si efectivamente los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales. Asimismo, la norma es de naturaleza bilateral, es decir, al mismo tiempo que impone deberes, concede derechos, contemplados en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, mismo que analizaremos los relativos al procedimiento fiscalizador.

Artículo 2: 

I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.

Esto deriva a que la autoridad al comenzar a ejecutar sus facultades de comprobación o de gestión, deberán de manifestar al contribuyente el tipo de procedimiento, la duración, el ejercicio e impuestos a revisar, el tipo de procedimiento y las consecuencias en caso de no atender lo requerido.  

III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. 

Este derecho se directamente relacionado con el anteriormente mencionado, sin embargo, lo podemos vincular directamente a que el contribuyente sea conocedor de la etapa del procedimiento de fiscalización se encuentra, lo procedente a ejecutar en ellas y las etapas que continúan. 

IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados. 

Importante ser conocedor del presente, en virtud de que en cada actuación de la autoridad relativo a la visita domiciliaria, los visitadores, notificadores, auditores, administradores y demás funcionarios públicos de las autoridades fiscales, deberán de portar identificación oficial vigente con fotografía, expedida por un funcionario competente y deberá de ser mostrada antes de la entrega de la orden de visita y previo levantamiento de cada acta parcial, contrario a ello, se encontrarían violando los derechos del contribuyente al no conocer la identidad de los funcionarios que ingresan al domicilio, por lo que esto se relaciona directamente con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que todo acto deberá de encontrarse debidamente fundado y motivado. 

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VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. 

Otro derecho que es de vital importancia, es el presente, en virtud de que de si dentro de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete la autoridad solicita que el contribuyente proporcione documentos que se encuentran en los archivos físicos y digitales de la misma, es procedente que manifieste de manera específica que los solicitados se encuentran en poder de la autoridad entregados mediante la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, a través de declaración anual, mediante algún requerimiento o algún otro medio. El requerimiento de información por parte de la autoridad que se encuentra en su poder, ha sido manifestado por diversas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ilegal, violentado los derechos del contribuyente.

VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

Cada contribuyente contará con la absoluta reserva de información en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, dicha información será confidencial quedando en resguardo de la propia autoridad. 

VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. 

Derecho humano que se víncula en las facultades de comprobación, necesario para que la autoridad pueda ejecutar sus competencias conferidas en la ley. 

X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. 

Uno de los más importantes, en virtud de que si nos fue impuesto un crédito fiscal y queremos impugnarlo dentro de un juicio contencioso administrativo, podríamos formular alegatos, ofrecer pruebas e incluso el expediente administrativo que obra en poder de la autoridad, conformado por todos los documentos entregados dentro del procedimiento de fiscalización, señalando cada uno de ellos, mismos que serán tomados en cuenta al dictar la sentencia.  

XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas. 

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. 

Los anteriores fracciones se encuentran directamente relacionadas con la fracción VI, del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, posteriores a la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. 

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. 

Al inicio de cada procedimiento fiscalizador la autoridad deberá de hacer entrega a cada contribuyente la carta de derechos, en la cual le explicará en que consiste cada uno de ellos y la forma de ejecutarlos. 

XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.

En cada acto o resolución ya sea una multa o crédito fiscal, tendremos el derecho de impugnarlo y verificar si efectivamente los mismos fueron emitidos de manera legal, el órgano competente será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que podremos señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, a menos de que el domicilio se encuentre dentro de la jurisdicción de alguna Sala Regional del país. 

El procedimiento de fiscalización de es un acto de autoridad que deberá de encontrarse debidamente fundado y motivado, de conformidad al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además la autoridad únicamente podrá ejecutarlo relativo a las disposiciones fiscales, sin embargo, en ocasiones existe abuso de autoridad, por lo que es de vital importancia conocer tus derechos dentro del mismo para poder ejecutarlos, en TAXSAT podemos asesorarte si te encuentras sujeto en alguna de las facultades de comprobación de la autoridad.

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